Artículos / Reflexiones

En los últimos meses se están reiterando los pronunciamientos sobre la necesidad de motivar con precisión las ampliaciones del plazo para la conclusión de los procedimientos de inspección tributaria, haciéndose eco de una ya consolidada doctrina jurisprudencial mantenida por nuestro Tribunal Supremo, de la que es buena muestra la Sentencia de 21 de febrero 2017 ( recurso 2970/2015 . Ponente : FJ Navarro Sanchís ) ) :

“… la doctrina sentada por esta Sala sobre la motivación de la ampliación del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras [véanse, por todas, las sentencias de 31 de mayo de 2010 (casación 2259/05, FJ 3º) y 2 de febrero de 2011 (casación 57/07, FJ 3º), así como otras varias posteriores], conforme a la cual, no basta la mera concurrencia de alguna de las circunstancias que el artículo 29.1 de la Ley 1/1998 -luego, el
artículo 150.1 de la LGT de 2003 aquí aplicable – menciona para que proceda la ampliación del plazo. Antes bien resulta preciso, además, justificar la necesidad de dilatarlo a la vista de los pormenores del caso, exteriorizando las razones que imponen la prórroga y su plasmación en el acuerdo en que así se decrete. Ha de ser una decisión motivada, sin que a tal fin resulte suficiente la mera cita del precepto y la apodíctica afirmación de que concurren los requisitos que el precepto legal menciona…” ( FD tercero )

Más recientemente una Sentencia del TSJ de Madrid de 19 de noviembre de 2025 – Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 5ª, nº 871/2025. Rec. 473/2022 – deja constancia del tenor del acuerdo de ampliación :

«Por orden del Inspector Jefe, y al objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios, se pone en su conocimiento que se amplía la extensión de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación en los términos previstos en el artículo 178.5 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos ( R.D. 1065/2007, de 27 de julio)”

Saliendo al paso de tan convincente motivación, señala el Tribunal :

“estamos ante un supuesto específico donde la circunstancia del artículo 150.1.b.2º LGT – …. – pudo ser apreciada desde la incoación del procedimiento de inspección -lo que tuvo lugar mediante Comunicación notificada el día 22-12-2015-, en que ya había vencido el plazo de presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades, periodo impositivo de 2014, de manera que la circunstancia no era sobrevenida”
…
El artículo 150.2 LGT recoge que las circunstancias que permiten el plazo de 27 meses «se aprecien durante el desarrollo de las actuaciones inspectoras», sin que, en este supuesto, la Inspección haya motivado que elementos o circunstancias apreció para modificar el plazo de 18 a 27 meses, pues la comunicación de ampliación de actuaciones … está vacía de toda motivación sobre las circunstancias, incumplimientos de las obligaciones tributarias que hayan sido apreciadas durante el desarrollo del procedimiento de inspección y justifiquen debidamente en cumplimiento del deber de motivación la ampliación del plazo … lo que aquí no se justifica en modo alguno.

No estamos exigiendo a la Administración una motivación exhaustiva sobre las razones de modificar el alcance de la inspección, y con ello la decisiva modificación del plazo de tramitación del procedimiento, pero en un supuesto tan específico como el presente, la Administración debió motivar de manera suficiente las razones por las que el periodo impositivo de 2014, que pudo ser inspeccionado desde el inicio del procedimiento, no lo había sido, y fue incluido después, lo que supuso una alteración del plazo inicial de resolución sin motivación alguna. Nada se dice sobre qué elementos fueron descubiertos durante el transcurso del procedimiento de inspección que justificasen la ampliación del plazo.

Estos elementos ponen de manifiesto que se ha utilizado de manera inmotivada e incorrecta la posibilidad de ampliación del alcance de la inspección, en lo que se refiere exclusivamente a la modificación del plazo para hacer que el plazo de 18 meses se convierta en un plazo de 27 meses, siendo lo cierto que la circunstancia del artículo 150.1.b).2º LGT de formar parte de un grupo sometido al régimen de consolidación fiscal pudo ser apreciada desde el inicio del procedimiento de inspección y no esperar al avance del procedimiento para aumentar forzadamente el plazo de resolución en contra de los derechos y garantías de la sociedad contribuyente, con vulneración de la obligación de motivar los actos administrativos y del principio de seguridad jurídica en la determinación del plazo para periodos impositivos que debieron resolverse en un plazo de 18 meses.”

El Tribunal subraya que ya hasta el TEAC ha cambiado de criterio al respecto en sus Resoluciones de 22 de abril 2024 ( Resolución 3296/2023 ) y 19 de julio de 2024 ( Resolución 9422/2021), en las que dejó constancia de que :

“Como ya se indicó ante el TEAR el principio de seguridad jurídica del que deriva la prescripción se ve resquebrajado cuando el plazo de duración de las actuaciones inspectoras se puede ver modificado en cualquier fase del procedimiento. Así no puede admitirse que una vez finalizadas las actuaciones de comprobación e investigación y elevado el expediente para que el mismo resuelva u ordene completar las actuaciones, cuando a partir de ese momento el inspeccionado tome conocimiento que el plazo de duración de las actuaciones ya no es el notificado con anterioridad en el curso de las actuaciones de comprobación e investigación sino el fijado ex hoc por la Jefa de la oficina Técnica al apreciar ésta en ese preciso momento que concurre una de las circunstancias establecidas en el artículo 150.1 LGT .

Admitir este criterio que mantiene el órgano liquidador podría llevarnos al absurdo que pudiera también acordarse la ampliación del plazo de las actuaciones en el propio acuerdo de liquidación que pondría justamente fin al procedimiento.”

La Administración siempre ha estado muy apegada a su pretendido status. Que es el suyo , y que en no pocas ocasiones nada tiene que ver con el que exige un Estado de Derecho. El problema no es de hoy, aunque cierto es que el período de gobierno de Cristóbal Montoro y María Jesús Montoro se ha caracterizado por un considerable alejamiento de las exigencias mínimas de ese Estado de Derecho que exige la Constitución.

En ocasiones ese alejamiento se hace especialmente patente. Es lo que tradicionalmente ha ocurrido con el ejercicio de las potestades atribuidas a la Inspección de Hacienda. La omisión de trámite de audiencia alguno cuando, por ejemplo, la Inspección remite a la Fiscalía el expediente en casos en que puede existir un delito contra la Hacienda Pública o cuando se acuerda la ampliación de plazo del procedimiento inspector constituyen supuestos que , hijos de una Hacienda Pública que nada tenía que ver con el Estado de Derecho , siguen perviviendo hoy… a pesar de la Constitución y a pesar también de una Ley Orgánica que, como la Ley 5/2024, de 11 de noviembre, bajo el epígrafe “del Derecho de Defensa” ha venido a bautizar niños que a veces están a punto de alcanzar la edad de jubilación.

Vanagloriarse de que gracias a esa Ley el derecho de defensa se aplicará en procedimientos administrativos sancionadores supone una ignorancia inexcusable, pues desde 1981 el Tribunal Constitucional – haciendo lo que debía , no lo que hoy hace – , sentenció que los principios penales son de aplicación en los procedimientos administrativos sancionadores. Sólo han pasado 45 años.

También han pasado ya muchos años desde que la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes , vino a romper – de forma radical en algún caso – con lo que la Inspección de Hacienda entendía era un feudo para uso exclusivo suyo .

La fijación de un límite temporal que acotara el desarrollo del procedimiento inspector fue una novedad agriamente recibida en amplios sectores del cuerpo de Inspectores de Hacienda. Entendían que era un acto de carácter organizativo, interno , en el que nada tenía que decir el Legislador. Acto de trámite que podía pervivir in aeternum y que , en su caso, podría recurrirse cuando se abriera el plazo de alegaciones antes de la firma definitiva del Acta de inspección o cuando se impugnara la liquidación subsiguiente a la actuación inspectora. Por supuesto, no se consiguió incorporar a la Ley la exigencia del trámite de audiencia previo a la emisión del acuerdo de ampliación. Hasta ahí podíamos llegar.

Que no es un acto de trámite es evidente. Para quien no lo vea así basta remitirse a las consecuencias – ex art. 150. 6) LGT – que conlleva la anulación del acuerdo de ampliación.

Recuerdo las Jornadas que pasamos los miembros de la Comisión para la Reforma de las relaciones entre la Administración Tributaria y los ciudadanos , encargados de redactar lo que luego se convirtió en la Ley de Derechos y Garantías , a la que, con el fin de adecuarla a las exigencias constitucionales, se incorporaron muchas novedades que trataban de establecer una cierta igualdad de armas entre Administración y contribuyentes : consultas vinculantes, publicidad de criterios administrativos, plazos máximos de inspección, acceso al expediente , separación de procedimientos de liquidación y sancionador, presunción de buena fe del contribuyente y consiguiente traslado de la carga probatoria a la Administración, suspensión de la ejecución de sanciones hasta que fueran firmes en vía administrativa …

En definitiva, lo que hoy parece normal. Acogido entonces por muy destacados dirigentes de la Inspección de Hacienda con un encono digno de mejor causa.

Han pasado los años. Algunos parecen haberse acomodado a que la Administración Tributaria acuerde ampliar el plazo para ultimar el procedimiento de inspección sin motivar o con una motivación excesivamente feble . Les parece normal , habida cuenta de la pila bautismal del procedimiento y de los padrinos que acompañaron al niño.

El problema es que esta ausencia de motivación no se produce sólo en el procedimiento administrativo. También se produce – y resulta llamativo – , en los procesos penales , cuando lo que se está sustanciando es la instrucción de un presunto delito contra la Hacienda Pública. Ocurre a diario. Y lo que aquí está en juego es mucho más importante que lo que normalmente se juega en los procedimientos tributarios – el dinero – . Lo que está en juego en un proceso penal es mucho más importante, es la libertad.

Y sin embargo, estamos ya acostumbrados a leer Autos del Juez Instructor en los que textualmente se dice :

“ FUNDAMENTOS DE DERECHO
En el presente supuesto, ante la complejidad del asunto resulta imposible concluir la instrucción en el plazo general de 12 meses, habiendo sido oídas las partes, se estima procedente aplicar lo dispuesto en el apartado 1º, párrafo 2º, del art. 324 LECrim….
…
PARTE DISPOSITIVA

QUE DEBO ACORDAR Y ACUERDO DECLARAR LA PRÓRROGA del plazo de instrucción de la presente causa por SEIS MESES a partir del plazo de instrucción prorrogado, por los motivos expuestos – … ante la complejidad del asunto – …”

Sí que es cierto, sin embargo, que al menos en este caso concurren dos circunstancias que no se dan en el procedimiento inspector :

• • • • • El Tribunal de Instancia acuerda la prórroga del plazo una vez oídas las partes.
        • La resolución que acuerda la ampliación puede ser recurrida en reforma y/o en apelación en el plazo de 3 o 5 días, respectivamente.

Hemos visto cómo gracias a la labor de los Tribunales se exige hoy que la ampliación de plazo deba estar singularmente motivada. Ello implica :

• • • reflejar la cadencia temporal con la que se han ido produciendo las actuaciones inspectoras y las del sujeto inspeccionado hasta el momento en que la Inspección acuerda la ampliación.
    • Detallar cuáles son los hechos nuevos que se han producido a lo largo del procedimiento inspector y que justifican la ampliación del plazo.

Los Tribunales han venido a completar en este punto una labor que inició la Ley 1/1998.

Naturalmente quedan flecos pendientes. Para empezar , el Legislador – cuando vuelva… – podría empezar a plantearse la necesidad de incorporar trámite de audiencia previo al acuerdo de ampliación del plazo . Y de paso incorporar también trámite de audiencia cuando la Inspección decide pasar el tanto de culpa a la jurisdicción penal o remitir el expediente al Ministerio Fiscal, absteniéndose de practicar liquidación , en los supuestos señalados en el art. 251 LGT, cuyo ap. 1, in fine, señala expresamente que “en estos casos no se concederá trámite de audiencia o alegaciones al obligado tributario”. Herencia viva de quienes tanto celebraron la publicación de la Ley 1/1998.El Antiguo Régimen sigue vivo.

La Ley 5/2024, del Derecho de Defensa, podía haberse erigido en fundamento jurídico de ambas pretensiones, pero quien esto firma no espera nada de una Ley cuyo autor desconoce nuestra más consolidada doctrina jurisprudencial . La STC 1/1981 es conocida por estudiantes de primer curso de Derecho. La sentencia tuvo como ponente al vicepresidente Jerónimo Arozamena y en el fallo participaron Francisco Rubio Llorente, Francisco Tomás y Valiente, Ángel Latorre y Luis Díez-Picazo . Como ahora.

El pasado lo ignora, como prueba su autocomplacencia al asumir la paternidad de la aplicabilidad de los principios penales en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador… El futuro lo confía a otras Leyes : “Las leyes procesales desarrollarán el contenido del derecho de defensa en sus respectivos ámbitos” ( Art. 1.2) . Principio general que se reitera a lo largo de la Ley, con remisiones a “…de acuerdo con las Leyes que lo regulen…”, “en los términos previstos en las Leyes…”.

Juan Martín Queralt.
Abogado.

“Todo estaría perdido si el mismo hombre ejerciese esos tres poderes : el de hacer las Leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos”( Montesquieu)

( I ) ¡ Con Dios la Señora Pareja ¡

Cuentan que , en los primeros años del pasado siglo, los labradores temían el encuentro con la Guardia Civil en el despoblado de las carreteras. Se descubrían y saludaban : “ ¡ Con Dios la Señora Pareja !”. Ese mismo temor se manifiesta hoy cuando se reciben notificaciones de la Agencia Tributaria. Especialmente tras el paso por la sede arzobispal de los obispos Montoro y Montero. No fue bueno Cristóbal Montoro. Tampoco lo fue María Jesús Montero. Bajo distinta ideología, en algo coincidieron : en primar su interés particular sobre el interés general .

El problema que origina este tipo de personajes es el legado que nos dejan.

Cristóbal Montoro quebró la seguridad jurídica, elemento esencial de un Estado de Derecho . Quiebra al parecer interesada , porque sobre ella están trabajando ya los Tribunales de Justicia, llamados a discernir lo que el Ministro hizo en pro del interés general y lo que presuntamente respondía a intereses privativos , que nada tenían que ver con el interés general. Los Tribunales de Justicia ya se han pronunciado y seguirán haciéndolo conforme a Derecho. Hoy está Imputado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona por cohecho, prevaricación, fraude contra la Administración Pública, corrupción y falsedad documental , imputación personal y que alcanza también a la actuación del despacho de abogados creado por el mismo Ministro.

Tan ilustre personaje desencadenó también una acerada escalada de la presión fiscal, deficientemente articulada, al punto que sentencias del TC y del TS obligaron al Estado a devolver importantes cantidades Es lo que ocurrió con el Impuesto sobre Actividades Económicas – anulado posteriormente por vulneración del Derecho comunitario – o con las medidas sobre el Impuesto sobre Sociedades contenidas en el Decreto- Ley 3/2016 . Los fallos judiciales tuvieron difícil aceptación por el Ministerio que, contando con la colaboración de la Abogacía del Estado y en contra de lo que al respecto dispone la Ley de la Jurisdicción contencioso Administrativa – art. 104 – , trató de iniciar procedimientos administrativos que dilataran la ejecución de una sentencia dictada por un Tribunal que había fallado en asunto de plena jurisdicción.

Desmintiendo las promesas electorales, el Ministro Montoro debe apuntar en su haber un notorio e injustificado incremento de la presión fiscal , incluyendo la obligatoriedad de la declaración de bienes en el extranjero – el famoso modelo 720 – y la publicación de las listas de morosos con la Hacienda Pública.

La página de María Jesús Montero como Ministra de Hacienda de España forma ya parte de la historia de España. Lamentablemente, porque esa página nunca debió escribirse. Ni hizo méritos para ello cuando estuvo al frente de la Consejería de Hacienda en la Junta de Andalucía. Ni los hizo cuando fue Ministra del Gobierno de España. Antes al contrario : estamos ante un continuado despropósito, sólo explicable por la peculiar historia que está viviendo un Ministerio que nunca mereció tener al frente personajes tan peculiares como Cristóbal Montoro o María Jesús Montero. Que tanto monta como monta tanto.

La señora Montero también nos deja una sabrosa herencia. Veamos qué activos forman parte de la misma.

El primero no encuentra parangón : llevamos tres años sin Presupuesto. Y la Ley de Presupuestos es la pila bautismal del Estado de Derecho. Los primeros Parlamentos – España e Inglaterra fueron pioneras – nacieron para aprobar o no las peticiones de los Monarcas de auxilios económicos para financiar sus campañas bélicas. Ese es el origen de los Parlamentos. De forma que si no hay Ley de Presupuestos no hay Estado de Derecho. Hemos convertido en normal una situación excepcional. Llevamos 8 años de Gobierno de los autocalificados como progresistas y en 8 años hemos tenido 3 Leyes de Presupuestos . Promesas todas. Realidades ninguna. El Presidente del Gobierno está haciendo lo que dijo “Estoy dispuesto a gobernar con o sin el concurso de un Poder Legislativo.”. Pues eso. Como dijo Manuel Garzón – Magistrado del Tribunal Supremo, jubilado – “Nuestro Estado de Derecho vive en el exilio”.

En España no hay división de poderes. No hay tres poderes , porque el Legislativo no existe y no se dan las condiciones para que un Tribunal Constitucional de verdad – no lo que hay – declare la improcedencia de Decretos Leyes que tratan de embridar las consecuencias que tiene que la ausencia de un verdadero Poder Legislativo . Y la Ministra de Hacienda era la llamada antes que nadie a respetar la Constitución o, en su defecto, marcharse a su casa. La demolición del Estado de Derecho tiene pila bautismal : el Pacto del Tinell, fruto maduro de ilustres estadistas que arrumbaron el espíritu de la Transición y entronizaron el poder de quienes venían a redimirnos a los pecadores y han resultado ser unos vividores del tres al cuarto. Ese fue también el origen del colonialismo por la Presidencia del Gobierno de instituciones públicas cuya actuación en estos tiempos nada tiene que ver con lo que tradicionalmente venían haciendo.

Seguimos con la herencia. La inseguridad jurídica se ha enseñoreado del ámbito tributario. Los continuados desapoderamientos judiciales de las actuaciones inspectoras se ven acompañados de una muy reticente actuación de la Administración a la hora de ejecutar las sentencias. Por no citar la legión de casos en los que a una sentencia contraria a la Administración le sigue una norma que vuelve a dejar las cosas como estaban antes de la sentencia condenatoria.

Esta inseguridad ha generado una litigiosidad desmesurada, con incremento de costes para los contribuyentes y con consecuencias que llaman muy poderosamente la atención. Sólo un ejemplo : en tanto que el ciudadano medio está sujeto a una muy diligente actuación por parte de la Inspección de los Tributos , personas que forman parte de lo que en su día fue la élite de la sociedad – dirigentes políticos, Presidentes de Sociedades de capital público, miembros de Corporaciones de Derecho Público, Presidentes de órganos administrativos – se encuentran hoy con una muy complaciente actuación ante ellos por parte de esa misma Inspección de los Tributos que, por imperativo – no legal , sino jerárquico – no ha prestado sus servicios a la lucha contra la corrupción cuando en ella intervienen poderes públicos . Y conste que ha sido esa misma Inspección la que ha demandado inspeccionar esos territorios hoy inmunes. Como ha señalado José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado – plataforma que representa el 90 % del colectivo – “A lo que hemos asistido hasta la fecha es a un estrepitoso fracaso de los órganos de control del Estado sobre la corrupción “.

Otro gallo nos hubiera cantado si se hubieran incoado actas de Inspección por Inspectores , cuya solvencia técnica está fuera de toda duda . Y a quien esto firma no se lo ha contado nadie, pues ha sido miembro del Tribunal de oposiciones que ha juzgado el acceso a la Inspección de los Tributos.

Ignoro cuál ha sido la respuesta que ha dado el Ministerio a la ejemplar actuación de la Fiscalía Anticorrupción con quien durante 7 años fue Presidente del Tribunal Económico Administrativo Central. Como ignoro si ha hecho algo en relación con lo que ha aparecido en los medios públicos acerca de determinadas actuaciones de quien fue Director del Gabinete de la Ministra de Hacienda o Presidente de la SEPI. O cuál ha sido la actuación de la Inspección de los Tributos en relación con las ejemplares actuaciones de destacados servidores públicos como el Ministro Ábalos, el asesor Koldo Aguirre, la Sra. Leire Díaz, o el empleo como Directora de la Biblioteca virtual de la Sanidad en Andalucía – siendo Consejera de Sanidad la Sra. Montoro – de la mujer del exministro de Sanidad Bernat Soria …Estoy seguro de que se ha actuado, se han incoado procedimientos sancionadores, se ha abierto procedimiento para la separación de cuerpos funcionariales de quienes no merecen seguir sirviendo tan diligentemente al Estado… pero estaría bien que se nos diera cuenta de ello a los ciudadanos del común.

Naturalmente nada de lo que viene ocurriendo estos años tiene que ver con el servicio a la Hacienda Pública prestado por nombres que como Flores de Lemus, Ramón Carande, Jaime García Añoveros, César Albiñana, Alfonso Gota Losada, Fernando Sáinz de Bujanda, Eduardo Abril y tantos otros dejaron su vida en el servicio al Estado.

( II ) El Pacto del Tinell y la politización de Instituciones públicas.

La demolición del Estado de Derecho tiene su pila bautismal en el Pacto del Tinell, suscrito en la Sala de Ceremonias del antiguo Palacio Real, residencia primero de los Condes de Barcelona y posteriormente de los Reyes de la Corona de Aragón.

El Pacto – suscrito por CiU, PSC y ERC el 14 de diciembre de 2003 – , tuvo como objetivo asumir la gobernación de Cataluña y , al tiempo, la exclusión del PP no sólo en el territorio autonómico, sino en toda España. El Pacto vino a sustituir 23 años de pujolismo – etapa también muy ejemplar – y dio vida a ilustres estadistas que, como Carod Rovira y Zapatero , situaron muy alto el listón de ejemplaridad en el servicio público.

Ese fue el origen de la apropiación por parte de quienes asumieron el gobierno autonómico de Instituciones cuya única razón de ser es el servicio al interés general. Pacto que encuentra sacralizada reproducción en lo que hoy ocurre a nivel nacional.

Es así, como Banco de España, CISS, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo de Seguridad Nuclear , Instituto Nacional de Estadística, RENFE, Correos , Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, Paradores Nacionales…han pasado a estar dirigidos por personas que, con independencia de su cualificación – en muchos casos escasa o ninguna – están prestas a obedecer las consignas que emanen de Presidencia del Gobierno.

El problema es que la apropiación de Instituciones públicas no parece tener fin. Lo que ha ocurrido con la Fiscalía General del Estado, con la Abogacía del Estado , con el Tribunal Constitucional o con el Consejo de Estado es buena muestra de ello.

Que un Fiscal General del Estado sea condenado por el Tribunal Supremo – al tiempo que aplaudido cuando desfilaba hacia el estrado , por una pequeña parte de sus compañeros – ; el mismo Fiscal que, siguiendo indicaciones del amo y , propiciando la ayuda al Constitucional, desaconsejó llevar a la Justicia europea el caso de los ERE … ; que las Fiscalías de Sala del Supremo vayan siendo afectadas por la longa manus del Gobierno ; que la Fiscalía apoye los recursos de tres exjefes de ETA que piden el archivo del caso Miguel Ángel Blanco , sin reparar en el inhumano dolor sufrido por familiares y víctimas de un terrorismo que hoy se asienta en el poder…

No se ha librado la Abogacía del Estado del insaciable apetito del Ejecutivo por mandar en todas las Instituciones, a costa de habituarse a perder – con costas – en muchas de sus actuaciones ante los Tribunales de Justicia. Lo que redunda no sólo en un evidente menoscabo de su buen nombre, sino también en un no menos evidente coste para el Estado  Menoscabo que empieza por su propio ser, pues en Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2024 se declaró la nulidad de Decreto 1012/2022 por omitirse en su elaboración el preceptivo informe del Consejo de Estado. El Decreto anulado creó el Gabinete Técnico de la Abogacía General del Estado .

Más allá de eso, la Abogacía del Estado – cuya sede, para que no haya ninguna duda acerca de lo que se espera de ella se ha trasladado a la Moncloa – , se ha puesto incondicionalmente al servicio del Gobierno y muy especialmente de su Presidente. Sólo ello explica que sea la Abogacía del Estado quien redacte la querella contra el Juez instructor del caso de la mujer del Presidente del Gobierno, querella rechazada por unanimidad por el TSJ de Madrid , a diferencia de lo que hizo en su día la Abogacía del Estado, representada por Edmundo Bal, personándose como acusación en el caso Gurtel ; que esa misma Abogacía haya hecho lo posible por facilitar el reconocimiento como eurodiputados de Puigdemont, Ponsatí y Comín – batalla perdida , como tantas otras, por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no reconoció tal condición ; que inste apartar a un Magistrado del TC del debate sobre la amnistía ; que participe activamente en el proceso incoado a los independentistas ; que nadie en el Cuerpo se alce contra el tratamiento dispensado a los compañeros que en ese proceso – ante la Sala Penal del Supremo – quisieron cumplir con su deber y defender al Estado – ; que esa misma Abogacía del Estado defienda ante la Sala de lo Civil del TS a la entonces Ministra de Igualdad – Irene Montero – , repitiendo defensa por la demora en cumplir la Sentencia y volviéndola a defender ante el TC o defendiendo a Bildu – y yendo en contra de lo que la misma Abogacía del Estado había dicho con anterioridad – cuando, en contra de lo que dispone la Ley Electoral , invocaba su derecho a cobrar subvenciones , pese a incluir en sus listas electorales a terroristas no arrepentidos. Esa Abogacía del Estado que se vanagloria de ir contra Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea – que declararon contrario al derecho de la UE el tramo autonómico del Impuesto Especial de Hidrocarburos – , aunque ello suponga evitar la devolución de más de 6.000 millones de euros y sanar la vida de un tributo contrario al ordenamiento comunitario.

Me va a permitir el lector un recuerdo entrañable a quien – ese sí – fue un servidor ejemplar del Estado : el Abogado del Estado Arturo Zabala Rodríguez – Fornos. Miembro de un Cuerpo que con tanto afecto y respeto sirvió hasta que nos dejó. No hay día, querido Arturo, que no me acuerde de tu hombría de bien y de tu respeto al interés público.

Que el Tribunal Constitucional sea lo que es y haga lo que hace – con miembros cuya excelencia nunca se acreditó , sólo es pensable en un marco en que ha pasado a ser una pieza más no de juristas de reconocido prestigio, sino de juristas que han abdicado de su originario oficio… si alguna vez lo tuvieron. Un Tribunal Constitucional que para convalidar la Ley de amnistía ha sentado doctrina, admitiendo la posibilidad de que el Legislador apruebe todo lo que no está constitucionalmente vedado. Precedente contrario a lo que dijo en 2008 , en relación a la posible consulta sobre la autodeterminación en el País Vasco. Como señaló Manuel Aragón “robar no está prohibido en la Constitución, pero sí está consagrado el derecho a la propiedad”. Tampoco es de extrañar el fallo del Constitucional ante una Ley hecha a imagen y semejanza de las exigencias de un prófugo de la Justicia que guarda en su alacena un alimento sagrado… 7 votos que permiten ir tirando. Como dijo Marchena “cuando hay Leyes con nombre y apellidos se resiente el Estado democrático”. Tribunal que en el caso de los ERE andaluces invadió competencias de la Audiencia Provincial y asumió funciones de Tribunal de casación que corresponden exclusivamente al Supremo.

Hasta el Consejo de Estado ha pasado a ser una pieza más de un aparato político que ha premiado con la Presidencia a juristas cuyo prestigio deben conocer en su casa, obligando al Tribunal Supremo a anular nombramientos por razones obvias, teniendo que recordar lo que es un instituto – desviación de poder – que en Estados de Derecho sólo encuentra cabida en los Manuales de Derecho Administrativo.

Hasta la Academia de España en Roma , cuya plaza de Director había salido a concurso de méritos, en una posterior corrección de errores se anuló el “concurso de méritos”, sustituyéndose por elección “de libre designación”…Libre designación que equivale a designación por el Presidente del Gobierno.

Como vemos el respeto a las instituciones está por encima de todo. El deterioro institucional que ello conlleva es evidente. No está de más recordar que , en 2024 la Academia Sueca concedió el Premio Nobel de Economía a tres economistas – Acemoglu, Robinson y Johnson – que demostraron que el respeto a las Instituciones fomenta el desarrollo económico. Señaló la Academia que “las sociedades con un Estado de Derecho deficiente e instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni cambios para mejor” . Pues… eso…

(III ) Nada está donde debiera :” Se ha puesto la cogulla el soldado y las botas de montar el fraile. ¡ Toda la historia de nuestro país en el siglo XIX¡ “. R.M. del Valle Inclán. “ La Corte de los milagros”. 1927.

Lo que hoy ocurre con la corrupción no es novedoso en España. . En 1920 , Ramón María del Valle Inclán, retrataba – “Luces de bohemia”- los postreros momentos de la Restauración señalando que “En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza”.

La supresión de las oposiciones , tarea en la que está especialmente interesado el Gobierno, sería un gran logro . También en este caso, muy atinadamente , ha manifestado su rechazo la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado , señalando que lo que se pretende es “ demoler la Administración Pública a través de la demolición del capital humano”. Y es que quienes no saben lo que es un flexo no están dispuestos a emplearlo. El flexo debe seguir como siempre estuvo : apagado. La tarjeta del partido es el mejor salvoconducto para llegar a buen puerto. Eso no es progresismo. El flexo fue lo que permitió que niños que vieron emigrar a su padre – a quien no volvieron a ver – superaran oposiciones y pudieran encontrar un lugar al sol.

Tampoco hubiera estado mal que las preclaras y sensibles mentes que han estado dirigiendo el Ministerio en los últimos años hubieran sido sensibles al mandato de un Tribunal Constitucional que en sus buenos años reiteró hasta la saciedad la necesidad de no sujetar a tributación rentas virtuales, es decir rentas inexistentes. La sociedad española ha venido demandando , sin resultado alguno, la deflactación de las tarifas del IRPF con el fin de acompasarlas a la realidad de la inflación. Deflactación que hubiera minorado sensiblemente ese incremento recaudatorio de que tanto se vanagloriaba la hasta hace poco titular del Ministerio de Hacienda, sin parar mientes en que ese incremento penalizaba el poder adquisitivo de los ciudadanos y sobre todo de las rentas medias y bajas. No sólo eso, sino que al parecer y según recoge la prensa, se quiere sujetar a tributación el rendimiento obtenido por quienes tienen el privilegio de tener un inmueble ocupado , sin contrato alguno, por okupas , que como todos sabemos abonan religiosamente el canon arrendaticio. Fenómeno, el de los okupas, heredado de otro ilustre estadista , Pablo Iglesias , en su día Vicepresidente del Gobierno de España.

Si todo ello no mereciera pasar a la historia , tanto Montoro como Montero merecerían perpetuar sus brillantes rectorías por el desabrido incremento de la presión fiscal a que han tenido a bien someter a sus conciudadanos, vulnerando – con la complicidad hoy de eso que llaman Tribunal Constitucional – de forma manifiesta el principio constitucional que exige que la contribución a la financiación de las cargas públicas se sujete a la capacidad económica de quienes son llamados a contribuir. Ese desmedido incremento de la presión fiscal obedece a la necesidad de satisfacer a quienes ponen precio al voto que ayuda a mantener las cosas como están. Que se haga a costa del incremento del gasto público no importa. Reparen en un dato : en la década 2015 a 2025 la población española aumento un 5% , mientras el gasto público aumentó un 54 %. Este desmedido incremento del gasto público viene acompañado de un deterioro reputacional que debiera frenarse. En efecto, el pasado 4 de marzo de 2026 el Tribunal Supremo del Reino Unido confirmó que ya pueden ejecutarse los laudos de arbitraje internacional que obligan a España a indemnizar a los inversores afectados por la retirada de las primas a los proyectos de energías renovables . Esta sentencia abre la posibilidad de que se embarguen activos del Reino de España, consolidando la posibilidad de que nuevos laudos no puedan acogerse a la suspensión de su ejecución . No es un caso aislado de condena a España . En Estados Unidos ya superan los 700 millones los invertidos por inversores norteamericanos que gozan de laudos favorables contra España y que ya han iniciado los requerimientos para el embargo. Precisamente en Estados Unidos , con motivo de la participación de España en el próximo Mundial de fútbol, los proveedores de servicios a la selección española han empezado a recibir requerimientos judiciales sobre pagos ligados a la participación de España en el torneo, requerimientos que son el prólogo para la confiscación de cantidades que debe recibir España. También la Justicia belga ha embargado ya bienes de España por impago a entidades dedicadas a energías renovables. El importe de que España resulta deudora por la retirada de las primas a las renovables y los subsiguientes embargos contra España supera los 2.000 millones. El buen nombre de España estaba en juego. El partido lo estamos perdiendo. Y el partido no ha acabado.

En el ámbito interno ya han dejado de ser noticia , por su reiteración , las sentencias que obligan a la Hacienda Pública a devolver cantidades por tributos indebidamente exigidos, dada su contradicción con el Derecho Comunitario o con la Constitución, devolución en la que se está poniendo de manifiesto el triste papel que está jugando la Abogacía del Estado, poniendo su saber y entender al servicio de maniobras dilatorias en la ejecución de las sentencias que obligan al Estado a devolver lo indebidamente exigido. La ejecución de sentencias no es un debate político, sino la más elemental exigencia de un Estado de Derecho. Hoy pintan bastos para los contribuyentes… sobre todo para quienes han ganado al Estado en los Tribunales. Los casos de la atrabiliaria devolución a los cotizantes de Mutualidades laborales a quienes el Tribunal Supremo reconoció haber sufrido una doble tributación y ordenó la devolución de las cantidades detraídas irregularmente por una Hacienda más sensible al gasto populista que a la observancia estricta del principio constitucional de capacidad económica.

Puestos a vulnerar principios constitucionales, la Sra. Montero inició , siguiendo el mandato de su jefe – que es quien realmente manda – , la vulneración del principio de igualdad de los ciudadanos ante la Ley, quicio esencial sobre el que debe asentarse todo Estado que se precie de ser Estado de Derecho. Así inició el camino para conferir a Cataluña un régimen singular de financiación , desoyendo no sólo el mandato de todos los principios constitucionales , sino lo que sus propios funcionarios le demandaban y de forma muy especial – y es de agradecer – los Inspectores de Hacienda del Estado, que partiendo de que una financiación singular para Cataluña constituye el “inicio de la voladura del sistema tributario”, demandaron la “dimisión inmediata “ de la Ministra de Hacienda. Cataluña quiere sumarse a los privilegios que disfrutan los regímenes forales vasco y navarro. Regímenes que, no por su validación constitucional, dejan de constituir una muy acreditada e injusta antigualla , cuya aprobación se llevó a cabo en circunstancias que todos conocemos . La historia se repite : el apoyo que los independentistas prestan hoy para la continuidad del Gobierno es el mismo que hubo que pagar en 1977 para aprobar la Constitución. Y sigue la historia : cuando en 2025 se reúne la Comisión Mixta del Concierto Económico, presidida por la Ministra de Hacienda, se acordó expresamente que la condonación de la deuda hecha por el Estado a favor de las Comunidades de régimen común – 83.252 millones – “no tenga efectos en el cálculo del cupo vasco”. Es más, se ha reducido de 1.682 millones a 1.504 el cupo con el que el País Vasco contribuye a la solidaridad interterritorial, en tanto sigue sin solucionarse la por todos reconocida infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, la tibieza con que se atiende a los enfermos de Alzheimer o a los afectados por ELA…

En este avasallador avance hacia la desigualdad y el privilegio inconstitucional nadie ha reparado en que un mismo hecho podrá ser delito fiscal en una Comunidad y no en otra. Que el Estado tenga competencia exclusiva en materia penal, que se quiebre sustancialmente la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, algo que ya ocurre en múltiples campos… eso no son sino nimiedades comparadas con la necesidad de afanar votos para seguir en La Moncloa.

Faltarían hoy Quevedos para hablar de los Conde – Duque de Olivares que hoy pululan en torno a la Presidencia del Gobierno : “ Te dio – el Presidente – oficios magníficos, puestos superiores : si tú los sirves, eres ministro ; si te sirves de ellos, eres un ladrón ; si los sirves, su esclavo eres , si los haces servir, eres un tirano”.

Tampoco es nuevo en la historia de España. En 1601 se trasladó la Corte de Madrid a Valladolid. La cosa duró 5 años. Los precios de los inmuebles en Madrid se vinieron abajo, circunstancia que aprovechó el Duque de Lerma, valido de Felipe III, para comprar inmuebles en Madrid y forzar el regreso de la Corte a Madrid, en 1606 , obteniendo sustanciosos beneficio por la venta de los terrenos comprados 5 años antes.

Juan Martín Queralt.
Abogado

Cuando se inicia un procedimiento de inspección tributaria normalmente se concluye con la imposición de una sanción .   Esta peculiar normalización de la actividad sancionadora se ha visto agravada por la ausencia de un marco normativo que potenciara el normal ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho de defensa, pese a su reconocimiento como tal derecho fundamental ex art. 24.2) CE y pese a que ya en 1981 el Tribunal Constitucional ( Sala Primera ) dictó la  Sentencia 18/1981, de 8 de junio  , cuyo Ponente fue Rafael Gómez Ferrer, en cuyo  Fundamento Jurídico 2 concluía  que : 

“… los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal y como refleja la propia Constitución (art. 25, principio de legalidad) y una muy reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo …

… los principios esenciales reflejados en el art. 24 de la Constitución en materia de procedimiento han de ser aplicables a la actividad sancionadora de la Administración, en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en la base del precepto, y la seguridad jurídica que garantiza el art. 9 de la Constitución…”

   Nuestro Legislador ha permanecido ajeno a la doctrina constitucional , desperdiciando la posibilidad que le ofrecía la  Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa , Ley manifiestamente mejorable .

   Pese al tiempo transcurrido – 45 años – desde que el Tribunal Constitucional dijera lo que hemos relatado, el Tribunal Supremo tiene que seguir recordando lo que parece obvio . Así -y es sólo un ejemplo –  en  STS 1511/2025, de 24 noviembre ( Recurso 5958/2023. Ponente : F.J. Navarro Sanchis ) , tuvo que pronunciarse sobre el silencio mantenido por la Administración Tributaria acerca de una solicitud de prueba instada por el interesado en un procedimiento sancionador. Estaban en juego  dos derechos fundamentales  : utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE).  En definitiva, el derecho a no padecer indefensión .

    Concluye el Tribunal, fijando la Jurisprudencia coherente y exigible por el Tribunal Constitucional : 

1. Constituye causa de invalidez de la resolución sancionadora en materia tributaria la circunstancia de que el órgano competente para imponer una sanción tributaria no se pronuncie de modo expreso sobre la solicitud de prueba de descargo, pretendida tempestivamente por el interesado en el procedimiento, sin justificar ni motivar el rechazo o la denegación de su práctica.

2. La sanción así impuesta, prescindiendo total y absolutamente de eventuales pruebas de descargo propuestas, que habría podido valorar el órgano sancionador, vulnera el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y, en relación con dicho derecho, a la presunción de inocencia . (art.24.2 CE ).

3. Dada la naturaleza de las infracciones advertidas y verificado que lesionan los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional que se han mencionado, la sanción así adoptada es nula de pleno derecho ( art. 217.1.a) LGT) y, por tal razón, insusceptible de subsanación o convalidación en procedimientos o procesos posteriores. “

    El Tribunal Supremo tiene que actuar de legislador, colmando las lagunas de un Legislador que en este momento ni está ni se le espera, pero que con anterioridad tampoco ha querido adentrarse en la regulación de un procedimiento sancionador  que, respetuoso con las exigencias de derechos fundamentales del art. 24 CE, convirtiera en moneda  común el respeto por la Administración sancionadora de los derechos y garantías propio del ciudadano – persona física o jurídica  – interesado en un procedimiento sancionador.

    Mientras asistimos a esa doctrina jurisprudencial que incorpora al acervo común lo que el Tribunal Constitucional bautizó hace 45 años , nos encontramos ante los nuevos aires que tanto el Tribunal de Derechos Humanos ( TEDH )  como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE ) vienen dando a la tutela procesal que debe otorgarse a las vulneraciones de los derechos fundamentales, potenciando los aspectos procesales y tipificando como vulneración del derecho a un proceso justo lo que tradicionalmente se protegía como vulneración de un derecho fundamental – el derecho a la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la irretroactividad de la norma sancionadora ,el non bis in idem, etc. – 

   Veamos , a título de ejemplo, cómo reaccionan los Tribunales comunitarios ante  la vulneración del non bis in idem. Tradicionalmente se ha distinguido una doble versión del mismo :  el non bis in idem material veta que alguien pueda ser sancionado dos o más veces por los mismos hechos, en tanto el non bis in idem procesal prohíbe que alguien pueda ser sometido dos o más veces a un proceso por los mismos hechos. El TEDH – Sentencia de 10 de febrero de 2009, Sergey Zolotukhin c. Rusia, rec. 14939/2003 – abrió el camino por el que posteriormente ha transitado el TJUE – Sentencias de 3 de abril de 2019 C-617/2017 , 4 de marzo de 2020, C-149/2020 , 22 marzo 2022 . Gran Sala, C-117/20  y  C- 151/2020 – estableciendo que el non bis in idem debe identificarse sólo con la vertiente procesal del principio, mientras que su dimensión material es sólo un elemento accesorio de su aspecto procesal o, si se quiere, una consecuencia del principio de proporcionalidad.  En consecuencia, de la triple identidad tradicionalmente requerida para que entrara en juego el non bis in idem – sujeto, objeto y fundamento de derecho – tan sólo se mantiene para su aplicación la exigencia de los dos primeros , aunque  el fundamento de derecho sea distinto.

    Este fortalecimiento de los aspectos procesales de los derechos fundamentales ha propiciado la superación del tradicional debate acerca de la posible titularidad o no de los derechos fundamentales por parte de las personas jurídicas. Es así como salvo aquellos derechos fundamentales cuya naturaleza impide que su titularidad la ostenten personas jurídicas – derecho a la vida, derecho a la intimidad familiar… –  , no existe reparo alguno en que las personas jurídicas sean titulares de todos los derechos fundamentales tutelables ex art. 24 CE y ejercitables en los procesos judiciales – derecho de defensa, derecho a ser informado de la acusación, derecho a la prueba, derecho a la no autoincriminación, derecho a la presunción de inocencia , derecho a la igualdad de armas, derecho a la asistencia letrada … – . En suma, el derecho de defensa de las personas jurídicas no precisa apoyarse en derecho fundamental alguno, sino que es consecuencia de las garantías exigibles a un proceso justo. Criterio, por lo demás, que siempre ha sido reconocido por nuestra jurisprudencia contencioso-administrativa y , muy especialmente, por la penal. Al igual que lo ha hecho el TEDH, cuya jurisprudencia siempre ha reconocido a las personas jurídicas – y de forma especial a las sociedades de capital – la titularidad del derecho de defensa previsto por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

    Este fortalecimiento de los aspectos procesales posibilita que en los procedimientos sancionadores – y obviamente con mayor intensidad aun en los procesos penales – la exclusión de las pruebas obtenidas mediante la vulneración de derechos fundamentales no precise apoyarse en el derecho fundamental a la presunción de inocencia, sino que es consecuencia asociada al contenido del derecho a un proceso con todas las garantías ( arts. 6.1. CEDH  y 24.2 CE. )

   En el ordenamiento español hace tiempo comenzaron a verse signos claros de cuanto acontece en el ordenamiento comunitario. La STC 97/2019,de 16 de julio – que aplicó la doctrina FALCIANI – , claramente influenciada por la doctrina mantenida por el TEDH acerca de la prueba ilícita, es una buena prueba de ello.

   Señala el TC : 

“…en nuestro orden de derechos fundamentales el art. 18.1 CE (que protege la intimidad) y el art. 24.2 CE (que protege los derechos procesales de las partes) son preceptos que tienen objetos distintos, siendo el específico del «proceso con todas las garantías» previsto en el art. 24.2 CE el de preservar la integridad del proceso, prohibiendo que se obtengan pruebas vulnerando instrumentalmente derechos fundamentales. El sentido específico de la garantía del proceso debido incluida en el art. 24.2 CE es, así, el de proteger a los ciudadanos de la violación instrumental de sus derechos fundamentales que ha sido verificada, justamente, para obtener pruebas. Con ello, se protege la integridad del sistema de justicia, la igualdad de las partes y se disuade a los órganos públicos, en particular, a la policía, pero también a los propios particulares, de realizar actos contrarios a los derechos fundamentales con fines de obtener una ventaja probatoria en el proceso. Fuera de tales supuestos, esto es, cuando no existe una conexión o ligamen entre el acto determinante de la injerencia en el derecho fundamental sustantivo y la obtención de fuentes de prueba, las necesidades de tutela de dicho derecho son ajenas al ámbito procesal y pueden sustanciarse en los procesos penales o civiles directamente tendentes a sancionar, restablecer o resarcir los efectos de la vulneración verificada en aquel. ( FJ 5 )»

Y  examinando la corrección de la ponderación efectuada por el Tribunal Supremo, valorando la presunta vulneración del derecho fundamental a la intimidad y la corrección del proceso justo como consecuencia de la incorporación al mismo de los datos obtenidos por Falciani, concluye :  

a) Con carácter general, hay que tener presente que el dato de que la vulneración originaria del derecho sustantivo fuera cometida, en el caso que nos ocupa, por un particular no altera en absoluto el canon de constitucionalidad aplicable desde la óptica del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), de suerte que la exclusión de los elementos probatorios obtenidos ha de ser, también en este tipo de supuestos, el punto de partida o regla general, si bien, en cada caso concreto, el órgano judicial puede apreciar, con arreglo a los parámetros que ya han sido expuestos, la ausencia de necesidades de tutela procesal en relación con la vulneración consumada, incorporando, en esos casos excepcionales, los elementos controvertidos al acervo probatorio.

b) … estamos ante una intromisión en el derecho a la intimidad que carece de cualquier conexión instrumental, objetiva o subjetiva, con actuaciones investigadoras llevadas a cabo por las autoridades españolas o por alguna parte procesal no pública. Según se declara probado, un informático aprovechó el acceso que, por razones laborales, tenía a datos de clientes del banco HSBC para elaborar sus propios ficheros, cruzando los datos bancarios, hasta realizar perfiles específicos, que pretendía vender a terceros para lucrarse. Desde el punto de vista de la «índole y características de la vulneración» originaria en el derecho fundamental sustantivo, la tutela de la intimidad de los clientes de la entidad bancaria frente a la violación cometida por un empleado de ésta queda plenamente colmada con los procedimientos penales o civiles que puedan desplegarse en el país en el que se ha consumado esa intromisión inter privatos, sin que se observe ninguna conexión instrumental con el proceso penal español que suponga, de acuerdo con el art. 24.2 CE, una necesidad adicional de tutela jurídica de la intimidad dentro de dicho proceso que deba llevar indefectiblemente a un pronunciamiento de inadmisión de la prueba.

c) A la misma conclusión se llega si se examina, también desde el punto de vista interno, el «resultado» de la violación consumada en el derecho a la intimidad. Puede advertirse que los datos que son utilizados por la hacienda pública española se refieren a aspectos periféricos e inocuos de la llamada «intimidad económica». No se han introducido dentro del proceso penal datos, como podrían ser los concretos movimientos de cuentas, que puedan revelar o que permitan deducir los comportamientos o hábitos de vida del interesado (SSTC 142/1993, de 22 de abril, FJ 7, y 233/2005, de 26 de septiembre, FJ 4). Los datos controvertidos son, exclusivamente, la existencia de la cuenta bancaria y el importe ingresado en la misma. El resultado de la intromisión en la intimidad no es, por tanto, de tal intensidad que exija, por sí mismo, extender las necesidades de tutela del derecho sustantivo al ámbito del proceso penal, habida cuenta que, como ya se ha dicho, éste no tiene conexión instrumental alguna con el acto de injerencia verificado entre particulares.

…

d) … No se advierte, pues, tampoco desde un punto de vista externo, que exista una necesidad jurídica de extender al proceso penal la tutela del derecho a la intimidad en relación con una intromisión inter privatos como la verificada en el caso que nos ocupa. España no tiene un sistema jurídico de opacidad bancaria que exija instrumentalizar el proceso penal para prevenir este tipo de violaciones de derechos fundamentales verificadas entre particulares. Y no existe, obviamente, dentro del ordenamiento español de derechos fundamentales, una obligación de proteger instrumentalmente un sistema de este tipo, aunque pueda existir en otros estados.

Por todo ello, hemos de concluir que la decisión del Tribunal Supremo no ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) que asiste al recurrente de amparo. En consecuencia, tampoco el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) ha resultado lesionado….”

   Repárese en la primacía de los aspectos procesales y de forma especial del derecho de defensa. Posiblemente la consecuencia de todo ello sea muy clara : los derechos y garantías que tanto cuesta incorporar a los procedimientos sancionadores, en un futuro serán parte esencial de todos los procedimientos administrativos. No sólo de los sancionadores. Es cuestión de tiempo. No tengo ninguna duda de que eso será así. Ese será el fruto sazonado recogido por una Administración Pública cuyo desapego del interés público es patente . Ese interés público cuya satisfacción  constituye su única razón de ser. Pese a que parece , groseramente, ignorarlo .

   Naturalmente para que ello sea así, será necesario disponer de unas Cortes Generales que legislen en serio  y no se limiten a aprobar normas que, como la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa han sido una ocasión perdida.

 

Juan Martín Queralt.

Abogado