Quienes niegan esa legitimidad democrática a los Jueces olvidan lo que han hecho por el Estado de Derecho, a veces pagando con su vida la defensa de las libertades que la Constitución les encomendaba
Juan Martín Queralt. Abogado
«… la libertad de cada individuo, el sentimiento que tiene de su propia seguridad, depende de la administración imparcial de la justicia. Para que cada individuo se sienta perfectamente seguro de la posesión de todos los derechos que le pertenecen, no sólo es necesario que los poderes judicial y ejecutivo estén separados, sino que sea el judicial todo lo independiente que pueda ser del ejecutivo». (Adam Smith ‘La riqueza de las naciones’). En una muy reciente publicación sobre los jueces en la historia de España, constata Manuel Aragón -y coincido totalmente con él- que «los últimos tiempos están siendo muy penosos para nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho», concluyendo que «no hay Estado de Derecho sin jueces independientes, inamovibles y sujetos sólo a la Constitución y a las leyes». Nuestra Constitución garantiza la independencia judicial mediante dos previsiones esenciales: el sistema de acceso mediante oposición -basada en los principios de mérito y capacidad- y la inamovilidad durante el ejercicio del cargo. Que los Jueces son independientes lo comprobamos a diario quienes nos movemos en estrados judiciales.
Cuestión distinta es que sea independiente el órgano de gobierno de los Jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Especialmente a raíz de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial realizada en 1985 . Reforma que, pese a que el Tribunal Constitucional la declaró ajustada a Derecho, abrió una lucha de los partidos políticos por hacerse con su control, dañando así la callada labor que, con absoluta independencia, llevan a cabo los Jueces al dictar sus sentencias.
Esa independencia judicial, base esencial del Estado de Derecho, está siendo sometida hoy a toda suerte de críticas y vejámenes ad hominem, por parte incluso de quienes, miembros del Poder Ejecutivo , debieran liderar el reconocimiento de esa independencia judicial y, muy al contrario, se han sumado a su derribo.
La independencia judicial está siendo sometida hoy a toda suerte de críticas y vejámenes
A veces se cuestiona el trabajo del Juez, negándole la legitimidad democrática que, al parecer, sólo tendrían quienes fueran designados por el Gobierno, hurtándose así al reconocimiento de la legitimidad nacida del texto constitucional . Tesis que va proyectándose, en preocupante metástasis, entre quienes aspiran a que Jueces, Fiscales, Abogados del Estado , Inspectores de Hacienda… sean elegidos a dedo por quienes gobiernan. De ello hablaremos otro día, al referirnos a la marginación del mérito y la capacidad en la provisión de servidores públicos ; a la colonización de las instituciones públicas ; a una Agencia Tributaria cuya máxima autoridad pugna con el infausto Cristóbal Montoro por liderar la quiebra de la seguridad jurídica; a la insólita deriva de la Abogacía del Estado puesta al servicio de particulares , en significativa sintonía con el traslado de la sede física del Abogado General a la Moncloa ; a la Fiscalía General del Estado…; a una tradición que va consolidándose al propiciar el insólito ensanchamiento del concepto de juristas de reconocido prestigio , propiciando así , por ejemplo, el nombramiento como Presidentas del Consejo de Estado de quienes ni por ensoñación hubieran aspirado a ello ; a unas devastadas Cortes Generales dispuestas a lo que sea con tal de seguir percibiendo los haberes del Erario público y propiciar que nada cambie en la gobernación del Estado.
Quienes niegan esa legitimidad democrática a los Jueces olvidan lo que esos mismos Jueces han hecho por el Estado de Derecho, a veces pagando con su vida la defensa de las libertades que la Constitución les encomendaba. ¿Quieren nombres? Ahí van algunos de los Jueces que vigente ya la Constitución 1978 fueron asesinados por ETA: Francisco Tomás y Valiente (14 febrero 1996), Presidente del Tribunal Constitucional; Rafael Martínez Emperador (10 febrero 1997) y José Francisco Querol Lombardero (30 octubre 2000), magistrados del Tribunal Supremo; José María Lidón Corbi (7 noviembre 2001), Magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya.
También hubo Fiscales -de los de verdad, no de los de broma-: Carmen Tagle Gonzáles (13 septiembre 1989), Fiscal de la Audiencia Nacional y Luis Portero García (9 octubre 2000), Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Hubo más servidores públicos de la Justicia asesinados: porteros, escoltas, conductores… Como hubo también muchos más heridos.
¡Cuántas cosas han caído en el olvido! Y qué vergüenza debieran sentir algunos al mirarse en el espejo. Si es que tienen cuajo para hacerlo… Con la Sentencia sobre los ERE de Andalucía, el Tribunal Constitucional ha conseguido lo que parecía imposible: convertirse en Tribunal de casación, usurpando funciones propias del Tribunal Supremo; quebrando además el monopolio constitucional de los Jueces para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117.3 CE); renegando de sus orígenes como jurisdicción constitucional y abdicando de su pila bautismal en pro de que algunos prebostes, autores de una corrupción de libro, recuperaran un buen nombre que ya es irrecuperable para el juicio de la Historia.
Con la Sentencia sobre los ERE, el Tribunal Constitucional ha conseguido lo que parecía imposible
Recuerdo el voto particular disidente formulado por Francisco Rubio Llorente – al que se adhirió Antonio Truyol Serra – a la Sentencia del Tribunal Constitucional que juzgó la expropiación de Rumasa, poniendo el acento en el hecho de que «… la jurisdicción constitucional no forma parte del Poder Judicial». No debería olvidarse tal obviedad. No deberían olvidarlo, sobre todo, quienes deberán pronunciarse sobre la constitucionalidad de una Ley de amnistía que exonera de toda consecuencia penal a los independentistas que, en 2019 y tras un proceso ejemplar , fueron condenados por el Tribunal Supremo por delito de sedición, en concurso con el de malversación de caudales públicos . Tampoco estaría mal que lo supieran quienes, haciendo gala de un analfabetismo jurídico digno de mejor causa, han pretendido la existencia de Comisiones parlamentarias que examinen la labor judicial y con su elevada sapiencia pontifiquen acerca de la existencia de Lawfare judicial.
La clave del acoso a que están sometidos los Jueces es muy clara : cuanto más se critique y debilite a los jueces mayor será la impunidad del Poder. Lo ha dicho ya Manuel Marchena, «la erosión de los presupuestos de legitimidad del trabajo de jueces y magistrados está abriendo boquetes en el muro de contención de las arbitrariedades del poder político». Esa es la clave. Sigan combatiendo a los jueces… y seguirán validando los desmanes de quienes hurtan su acción a las exigencias mínimas de un Estado de Derecho, derrumban la separación de poderes y propician su concentración en un único poder.
