“Todo estaría perdido si el mismo hombre ejerciese esos tres poderes : el de hacer las Leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos”( Montesquieu)
( I ) ¡ Con Dios la Señora Pareja ¡
Cuentan que , en los primeros años del pasado siglo, los labradores temían el encuentro con la Guardia Civil en el despoblado de las carreteras. Se descubrían y saludaban : “ ¡ Con Dios la Señora Pareja !”. Ese mismo temor se manifiesta hoy cuando se reciben notificaciones de la Agencia Tributaria. Especialmente tras el paso por la sede arzobispal de los obispos Montoro y Montero. No fue bueno Cristóbal Montoro. Tampoco lo fue María Jesús Montero. Bajo distinta ideología, en algo coincidieron : en primar su interés particular sobre el interés general .
El problema que origina este tipo de personajes es el legado que nos dejan.
Cristóbal Montoro quebró la seguridad jurídica, elemento esencial de un Estado de Derecho . Quiebra al parecer interesada , porque sobre ella están trabajando ya los Tribunales de Justicia, llamados a discernir lo que el Ministro hizo en pro del interés general y lo que presuntamente respondía a intereses privativos , que nada tenían que ver con el interés general. Los Tribunales de Justicia ya se han pronunciado y seguirán haciéndolo conforme a Derecho. Hoy está Imputado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona por cohecho, prevaricación, fraude contra la Administración Pública, corrupción y falsedad documental , imputación personal y que alcanza también a la actuación del despacho de abogados creado por el mismo Ministro.
Tan ilustre personaje desencadenó también una acerada escalada de la presión fiscal, deficientemente articulada, al punto que sentencias del TC y del TS obligaron al Estado a devolver importantes cantidades Es lo que ocurrió con el Impuesto sobre Actividades Económicas – anulado posteriormente por vulneración del Derecho comunitario – o con las medidas sobre el Impuesto sobre Sociedades contenidas en el Decreto- Ley 3/2016 . Los fallos judiciales tuvieron difícil aceptación por el Ministerio que, contando con la colaboración de la Abogacía del Estado y en contra de lo que al respecto dispone la Ley de la Jurisdicción contencioso Administrativa – art. 104 – , trató de iniciar procedimientos administrativos que dilataran la ejecución de una sentencia dictada por un Tribunal que había fallado en asunto de plena jurisdicción.
Desmintiendo las promesas electorales, el Ministro Montoro debe apuntar en su haber un notorio e injustificado incremento de la presión fiscal , incluyendo la obligatoriedad de la declaración de bienes en el extranjero – el famoso modelo 720 – y la publicación de las listas de morosos con la Hacienda Pública.
La página de María Jesús Montero como Ministra de Hacienda de España forma ya parte de la historia de España. Lamentablemente, porque esa página nunca debió escribirse. Ni hizo méritos para ello cuando estuvo al frente de la Consejería de Hacienda en la Junta de Andalucía. Ni los hizo cuando fue Ministra del Gobierno de España. Antes al contrario : estamos ante un continuado despropósito, sólo explicable por la peculiar historia que está viviendo un Ministerio que nunca mereció tener al frente personajes tan peculiares como Cristóbal Montoro o María Jesús Montero. Que tanto monta como monta tanto.
La señora Montero también nos deja una sabrosa herencia. Veamos qué activos forman parte de la misma.
El primero no encuentra parangón : llevamos tres años sin Presupuesto. Y la Ley de Presupuestos es la pila bautismal del Estado de Derecho. Los primeros Parlamentos – España e Inglaterra fueron pioneras – nacieron para aprobar o no las peticiones de los Monarcas de auxilios económicos para financiar sus campañas bélicas. Ese es el origen de los Parlamentos. De forma que si no hay Ley de Presupuestos no hay Estado de Derecho. Hemos convertido en normal una situación excepcional. Llevamos 8 años de Gobierno de los autocalificados como progresistas y en 8 años hemos tenido 3 Leyes de Presupuestos . Promesas todas. Realidades ninguna. El Presidente del Gobierno está haciendo lo que dijo “Estoy dispuesto a gobernar con o sin el concurso de un Poder Legislativo.”. Pues eso. Como dijo Manuel Garzón – Magistrado del Tribunal Supremo, jubilado – “Nuestro Estado de Derecho vive en el exilio”.
En España no hay división de poderes. No hay tres poderes , porque el Legislativo no existe y no se dan las condiciones para que un Tribunal Constitucional de verdad – no lo que hay – declare la improcedencia de Decretos Leyes que tratan de embridar las consecuencias que tiene que la ausencia de un verdadero Poder Legislativo . Y la Ministra de Hacienda era la llamada antes que nadie a respetar la Constitución o, en su defecto, marcharse a su casa. La demolición del Estado de Derecho tiene pila bautismal : el Pacto del Tinell, fruto maduro de ilustres estadistas que arrumbaron el espíritu de la Transición y entronizaron el poder de quienes venían a redimirnos a los pecadores y han resultado ser unos vividores del tres al cuarto. Ese fue también el origen del colonialismo por la Presidencia del Gobierno de instituciones públicas cuya actuación en estos tiempos nada tiene que ver con lo que tradicionalmente venían haciendo.
Seguimos con la herencia. La inseguridad jurídica se ha enseñoreado del ámbito tributario. Los continuados desapoderamientos judiciales de las actuaciones inspectoras se ven acompañados de una muy reticente actuación de la Administración a la hora de ejecutar las sentencias. Por no citar la legión de casos en los que a una sentencia contraria a la Administración le sigue una norma que vuelve a dejar las cosas como estaban antes de la sentencia condenatoria.
Esta inseguridad ha generado una litigiosidad desmesurada, con incremento de costes para los contribuyentes y con consecuencias que llaman muy poderosamente la atención. Sólo un ejemplo : en tanto que el ciudadano medio está sujeto a una muy diligente actuación por parte de la Inspección de los Tributos , personas que forman parte de lo que en su día fue la élite de la sociedad – dirigentes políticos, Presidentes de Sociedades de capital público, miembros de Corporaciones de Derecho Público, Presidentes de órganos administrativos – se encuentran hoy con una muy complaciente actuación ante ellos por parte de esa misma Inspección de los Tributos que, por imperativo – no legal , sino jerárquico – no ha prestado sus servicios a la lucha contra la corrupción cuando en ella intervienen poderes públicos . Y conste que ha sido esa misma Inspección la que ha demandado inspeccionar esos territorios hoy inmunes. Como ha señalado José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado – plataforma que representa el 90 % del colectivo – “A lo que hemos asistido hasta la fecha es a un estrepitoso fracaso de los órganos de control del Estado sobre la corrupción “.
Otro gallo nos hubiera cantado si se hubieran incoado actas de Inspección por Inspectores , cuya solvencia técnica está fuera de toda duda . Y a quien esto firma no se lo ha contado nadie, pues ha sido miembro del Tribunal de oposiciones que ha juzgado el acceso a la Inspección de los Tributos.
Ignoro cuál ha sido la respuesta que ha dado el Ministerio a la ejemplar actuación de la Fiscalía Anticorrupción con quien durante 7 años fue Presidente del Tribunal Económico Administrativo Central. Como ignoro si ha hecho algo en relación con lo que ha aparecido en los medios públicos acerca de determinadas actuaciones de quien fue Director del Gabinete de la Ministra de Hacienda o Presidente de la SEPI. O cuál ha sido la actuación de la Inspección de los Tributos en relación con las ejemplares actuaciones de destacados servidores públicos como el Ministro Ábalos, el asesor Koldo Aguirre, la Sra. Leire Díaz, o el empleo como Directora de la Biblioteca virtual de la Sanidad en Andalucía – siendo Consejera de Sanidad la Sra. Montoro – de la mujer del exministro de Sanidad Bernat Soria …Estoy seguro de que se ha actuado, se han incoado procedimientos sancionadores, se ha abierto procedimiento para la separación de cuerpos funcionariales de quienes no merecen seguir sirviendo tan diligentemente al Estado… pero estaría bien que se nos diera cuenta de ello a los ciudadanos del común.
Naturalmente nada de lo que viene ocurriendo estos años tiene que ver con el servicio a la Hacienda Pública prestado por nombres que como Flores de Lemus, Ramón Carande, Jaime García Añoveros, César Albiñana, Alfonso Gota Losada, Fernando Sáinz de Bujanda, Eduardo Abril y tantos otros dejaron su vida en el servicio al Estado.
( II ) El Pacto del Tinell y la politización de Instituciones públicas.
La demolición del Estado de Derecho tiene su pila bautismal en el Pacto del Tinell, suscrito en la Sala de Ceremonias del antiguo Palacio Real, residencia primero de los Condes de Barcelona y posteriormente de los Reyes de la Corona de Aragón.
El Pacto – suscrito por CiU, PSC y ERC el 14 de diciembre de 2003 – , tuvo como objetivo asumir la gobernación de Cataluña y , al tiempo, la exclusión del PP no sólo en el territorio autonómico, sino en toda España. El Pacto vino a sustituir 23 años de pujolismo – etapa también muy ejemplar – y dio vida a ilustres estadistas que, como Carod Rovira y Zapatero , situaron muy alto el listón de ejemplaridad en el servicio público.
Ese fue el origen de la apropiación por parte de quienes asumieron el gobierno autonómico de Instituciones cuya única razón de ser es el servicio al interés general. Pacto que encuentra sacralizada reproducción en lo que hoy ocurre a nivel nacional.
Es así, como Banco de España, CISS, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo de Seguridad Nuclear , Instituto Nacional de Estadística, RENFE, Correos , Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, Paradores Nacionales…han pasado a estar dirigidos por personas que, con independencia de su cualificación – en muchos casos escasa o ninguna – están prestas a obedecer las consignas que emanen de Presidencia del Gobierno.
El problema es que la apropiación de Instituciones públicas no parece tener fin. Lo que ha ocurrido con la Fiscalía General del Estado, con la Abogacía del Estado , con el Tribunal Constitucional o con el Consejo de Estado es buena muestra de ello.
Que un Fiscal General del Estado sea condenado por el Tribunal Supremo – al tiempo que aplaudido cuando desfilaba hacia el estrado , por una pequeña parte de sus compañeros – ; el mismo Fiscal que, siguiendo indicaciones del amo y , propiciando la ayuda al Constitucional, desaconsejó llevar a la Justicia europea el caso de los ERE … ; que las Fiscalías de Sala del Supremo vayan siendo afectadas por la longa manus del Gobierno ; que la Fiscalía apoye los recursos de tres exjefes de ETA que piden el archivo del caso Miguel Ángel Blanco , sin reparar en el inhumano dolor sufrido por familiares y víctimas de un terrorismo que hoy se asienta en el poder…
No se ha librado la Abogacía del Estado del insaciable apetito del Ejecutivo por mandar en todas las Instituciones, a costa de habituarse a perder – con costas – en muchas de sus actuaciones ante los Tribunales de Justicia. Lo que redunda no sólo en un evidente menoscabo de su buen nombre, sino también en un no menos evidente coste para el Estado Menoscabo que empieza por su propio ser, pues en Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2024 se declaró la nulidad de Decreto 1012/2022 por omitirse en su elaboración el preceptivo informe del Consejo de Estado. El Decreto anulado creó el Gabinete Técnico de la Abogacía General del Estado .
Más allá de eso, la Abogacía del Estado – cuya sede, para que no haya ninguna duda acerca de lo que se espera de ella se ha trasladado a la Moncloa – , se ha puesto incondicionalmente al servicio del Gobierno y muy especialmente de su Presidente. Sólo ello explica que sea la Abogacía del Estado quien redacte la querella contra el Juez instructor del caso de la mujer del Presidente del Gobierno, querella rechazada por unanimidad por el TSJ de Madrid , a diferencia de lo que hizo en su día la Abogacía del Estado, representada por Edmundo Bal, personándose como acusación en el caso Gurtel ; que esa misma Abogacía haya hecho lo posible por facilitar el reconocimiento como eurodiputados de Puigdemont, Ponsatí y Comín – batalla perdida , como tantas otras, por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no reconoció tal condición ; que inste apartar a un Magistrado del TC del debate sobre la amnistía ; que participe activamente en el proceso incoado a los independentistas ; que nadie en el Cuerpo se alce contra el tratamiento dispensado a los compañeros que en ese proceso – ante la Sala Penal del Supremo – quisieron cumplir con su deber y defender al Estado – ; que esa misma Abogacía del Estado defienda ante la Sala de lo Civil del TS a la entonces Ministra de Igualdad – Irene Montero – , repitiendo defensa por la demora en cumplir la Sentencia y volviéndola a defender ante el TC o defendiendo a Bildu – y yendo en contra de lo que la misma Abogacía del Estado había dicho con anterioridad – cuando, en contra de lo que dispone la Ley Electoral , invocaba su derecho a cobrar subvenciones , pese a incluir en sus listas electorales a terroristas no arrepentidos. Esa Abogacía del Estado que se vanagloria de ir contra Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea – que declararon contrario al derecho de la UE el tramo autonómico del Impuesto Especial de Hidrocarburos – , aunque ello suponga evitar la devolución de más de 6.000 millones de euros y sanar la vida de un tributo contrario al ordenamiento comunitario.
Me va a permitir el lector un recuerdo entrañable a quien – ese sí – fue un servidor ejemplar del Estado : el Abogado del Estado Arturo Zabala Rodríguez – Fornos. Miembro de un Cuerpo que con tanto afecto y respeto sirvió hasta que nos dejó. No hay día, querido Arturo, que no me acuerde de tu hombría de bien y de tu respeto al interés público.
Que el Tribunal Constitucional sea lo que es y haga lo que hace – con miembros cuya excelencia nunca se acreditó , sólo es pensable en un marco en que ha pasado a ser una pieza más no de juristas de reconocido prestigio, sino de juristas que han abdicado de su originario oficio… si alguna vez lo tuvieron. Un Tribunal Constitucional que para convalidar la Ley de amnistía ha sentado doctrina, admitiendo la posibilidad de que el Legislador apruebe todo lo que no está constitucionalmente vedado. Precedente contrario a lo que dijo en 2008 , en relación a la posible consulta sobre la autodeterminación en el País Vasco. Como señaló Manuel Aragón “robar no está prohibido en la Constitución, pero sí está consagrado el derecho a la propiedad”. Tampoco es de extrañar el fallo del Constitucional ante una Ley hecha a imagen y semejanza de las exigencias de un prófugo de la Justicia que guarda en su alacena un alimento sagrado… 7 votos que permiten ir tirando. Como dijo Marchena “cuando hay Leyes con nombre y apellidos se resiente el Estado democrático”. Tribunal que en el caso de los ERE andaluces invadió competencias de la Audiencia Provincial y asumió funciones de Tribunal de casación que corresponden exclusivamente al Supremo.
Hasta el Consejo de Estado ha pasado a ser una pieza más de un aparato político que ha premiado con la Presidencia a juristas cuyo prestigio deben conocer en su casa, obligando al Tribunal Supremo a anular nombramientos por razones obvias, teniendo que recordar lo que es un instituto – desviación de poder – que en Estados de Derecho sólo encuentra cabida en los Manuales de Derecho Administrativo.
Hasta la Academia de España en Roma , cuya plaza de Director había salido a concurso de méritos, en una posterior corrección de errores se anuló el “concurso de méritos”, sustituyéndose por elección “de libre designación”…Libre designación que equivale a designación por el Presidente del Gobierno.
Como vemos el respeto a las instituciones está por encima de todo. El deterioro institucional que ello conlleva es evidente. No está de más recordar que , en 2024 la Academia Sueca concedió el Premio Nobel de Economía a tres economistas – Acemoglu, Robinson y Johnson – que demostraron que el respeto a las Instituciones fomenta el desarrollo económico. Señaló la Academia que “las sociedades con un Estado de Derecho deficiente e instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni cambios para mejor” . Pues… eso…
(III ) Nada está donde debiera :” Se ha puesto la cogulla el soldado y las botas de montar el fraile. ¡ Toda la historia de nuestro país en el siglo XIX¡ “. R.M. del Valle Inclán. “ La Corte de los milagros”. 1927.
Lo que hoy ocurre con la corrupción no es novedoso en España. . En 1920 , Ramón María del Valle Inclán, retrataba – “Luces de bohemia”- los postreros momentos de la Restauración señalando que “En España el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza”.
La supresión de las oposiciones , tarea en la que está especialmente interesado el Gobierno, sería un gran logro . También en este caso, muy atinadamente , ha manifestado su rechazo la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado , señalando que lo que se pretende es “ demoler la Administración Pública a través de la demolición del capital humano”. Y es que quienes no saben lo que es un flexo no están dispuestos a emplearlo. El flexo debe seguir como siempre estuvo : apagado. La tarjeta del partido es el mejor salvoconducto para llegar a buen puerto. Eso no es progresismo. El flexo fue lo que permitió que niños que vieron emigrar a su padre – a quien no volvieron a ver – superaran oposiciones y pudieran encontrar un lugar al sol.
Tampoco hubiera estado mal que las preclaras y sensibles mentes que han estado dirigiendo el Ministerio en los últimos años hubieran sido sensibles al mandato de un Tribunal Constitucional que en sus buenos años reiteró hasta la saciedad la necesidad de no sujetar a tributación rentas virtuales, es decir rentas inexistentes. La sociedad española ha venido demandando , sin resultado alguno, la deflactación de las tarifas del IRPF con el fin de acompasarlas a la realidad de la inflación. Deflactación que hubiera minorado sensiblemente ese incremento recaudatorio de que tanto se vanagloriaba la hasta hace poco titular del Ministerio de Hacienda, sin parar mientes en que ese incremento penalizaba el poder adquisitivo de los ciudadanos y sobre todo de las rentas medias y bajas. No sólo eso, sino que al parecer y según recoge la prensa, se quiere sujetar a tributación el rendimiento obtenido por quienes tienen el privilegio de tener un inmueble ocupado , sin contrato alguno, por okupas , que como todos sabemos abonan religiosamente el canon arrendaticio. Fenómeno, el de los okupas, heredado de otro ilustre estadista , Pablo Iglesias , en su día Vicepresidente del Gobierno de España.
Si todo ello no mereciera pasar a la historia , tanto Montoro como Montero merecerían perpetuar sus brillantes rectorías por el desabrido incremento de la presión fiscal a que han tenido a bien someter a sus conciudadanos, vulnerando – con la complicidad hoy de eso que llaman Tribunal Constitucional – de forma manifiesta el principio constitucional que exige que la contribución a la financiación de las cargas públicas se sujete a la capacidad económica de quienes son llamados a contribuir. Ese desmedido incremento de la presión fiscal obedece a la necesidad de satisfacer a quienes ponen precio al voto que ayuda a mantener las cosas como están. Que se haga a costa del incremento del gasto público no importa. Reparen en un dato : en la década 2015 a 2025 la población española aumento un 5% , mientras el gasto público aumentó un 54 %. Este desmedido incremento del gasto público viene acompañado de un deterioro reputacional que debiera frenarse. En efecto, el pasado 4 de marzo de 2026 el Tribunal Supremo del Reino Unido confirmó que ya pueden ejecutarse los laudos de arbitraje internacional que obligan a España a indemnizar a los inversores afectados por la retirada de las primas a los proyectos de energías renovables . Esta sentencia abre la posibilidad de que se embarguen activos del Reino de España, consolidando la posibilidad de que nuevos laudos no puedan acogerse a la suspensión de su ejecución . No es un caso aislado de condena a España . En Estados Unidos ya superan los 700 millones los invertidos por inversores norteamericanos que gozan de laudos favorables contra España y que ya han iniciado los requerimientos para el embargo. Precisamente en Estados Unidos , con motivo de la participación de España en el próximo Mundial de fútbol, los proveedores de servicios a la selección española han empezado a recibir requerimientos judiciales sobre pagos ligados a la participación de España en el torneo, requerimientos que son el prólogo para la confiscación de cantidades que debe recibir España. También la Justicia belga ha embargado ya bienes de España por impago a entidades dedicadas a energías renovables. El importe de que España resulta deudora por la retirada de las primas a las renovables y los subsiguientes embargos contra España supera los 2.000 millones. El buen nombre de España estaba en juego. El partido lo estamos perdiendo. Y el partido no ha acabado.
En el ámbito interno ya han dejado de ser noticia , por su reiteración , las sentencias que obligan a la Hacienda Pública a devolver cantidades por tributos indebidamente exigidos, dada su contradicción con el Derecho Comunitario o con la Constitución, devolución en la que se está poniendo de manifiesto el triste papel que está jugando la Abogacía del Estado, poniendo su saber y entender al servicio de maniobras dilatorias en la ejecución de las sentencias que obligan al Estado a devolver lo indebidamente exigido. La ejecución de sentencias no es un debate político, sino la más elemental exigencia de un Estado de Derecho. Hoy pintan bastos para los contribuyentes… sobre todo para quienes han ganado al Estado en los Tribunales. Los casos de la atrabiliaria devolución a los cotizantes de Mutualidades laborales a quienes el Tribunal Supremo reconoció haber sufrido una doble tributación y ordenó la devolución de las cantidades detraídas irregularmente por una Hacienda más sensible al gasto populista que a la observancia estricta del principio constitucional de capacidad económica.
Puestos a vulnerar principios constitucionales, la Sra. Montero inició , siguiendo el mandato de su jefe – que es quien realmente manda – , la vulneración del principio de igualdad de los ciudadanos ante la Ley, quicio esencial sobre el que debe asentarse todo Estado que se precie de ser Estado de Derecho. Así inició el camino para conferir a Cataluña un régimen singular de financiación , desoyendo no sólo el mandato de todos los principios constitucionales , sino lo que sus propios funcionarios le demandaban y de forma muy especial – y es de agradecer – los Inspectores de Hacienda del Estado, que partiendo de que una financiación singular para Cataluña constituye el “inicio de la voladura del sistema tributario”, demandaron la “dimisión inmediata “ de la Ministra de Hacienda. Cataluña quiere sumarse a los privilegios que disfrutan los regímenes forales vasco y navarro. Regímenes que, no por su validación constitucional, dejan de constituir una muy acreditada e injusta antigualla , cuya aprobación se llevó a cabo en circunstancias que todos conocemos . La historia se repite : el apoyo que los independentistas prestan hoy para la continuidad del Gobierno es el mismo que hubo que pagar en 1977 para aprobar la Constitución. Y sigue la historia : cuando en 2025 se reúne la Comisión Mixta del Concierto Económico, presidida por la Ministra de Hacienda, se acordó expresamente que la condonación de la deuda hecha por el Estado a favor de las Comunidades de régimen común – 83.252 millones – “no tenga efectos en el cálculo del cupo vasco”. Es más, se ha reducido de 1.682 millones a 1.504 el cupo con el que el País Vasco contribuye a la solidaridad interterritorial, en tanto sigue sin solucionarse la por todos reconocida infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, la tibieza con que se atiende a los enfermos de Alzheimer o a los afectados por ELA…
En este avasallador avance hacia la desigualdad y el privilegio inconstitucional nadie ha reparado en que un mismo hecho podrá ser delito fiscal en una Comunidad y no en otra. Que el Estado tenga competencia exclusiva en materia penal, que se quiebre sustancialmente la igualdad de los ciudadanos ante la Ley, algo que ya ocurre en múltiples campos… eso no son sino nimiedades comparadas con la necesidad de afanar votos para seguir en La Moncloa.
Faltarían hoy Quevedos para hablar de los Conde – Duque de Olivares que hoy pululan en torno a la Presidencia del Gobierno : “ Te dio – el Presidente – oficios magníficos, puestos superiores : si tú los sirves, eres ministro ; si te sirves de ellos, eres un ladrón ; si los sirves, su esclavo eres , si los haces servir, eres un tirano”.
Tampoco es nuevo en la historia de España. En 1601 se trasladó la Corte de Madrid a Valladolid. La cosa duró 5 años. Los precios de los inmuebles en Madrid se vinieron abajo, circunstancia que aprovechó el Duque de Lerma, valido de Felipe III, para comprar inmuebles en Madrid y forzar el regreso de la Corte a Madrid, en 1606 , obteniendo sustanciosos beneficio por la venta de los terrenos comprados 5 años antes.
Juan Martín Queralt.
Abogado
