El actual Gobierno se asienta sobre unos conceptos que nada tienen que ver con aquellos en los que muchos creímos y seguimos creyendo: la igualdad de los ciudadanos ante la Ley; el mérito y la capacidad como único pasaporte válido para el acceso a la función pública; la solidaridad entre las Comunidades Autónomas y la inexistencia de privilegios económicos o sociales entre ellas; el respeto al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la unidad de la Nación española. Todo lo que recoge la vigente Constitución y todo lo que a diario vulnera el Gobierno. Un Gobierno para el que la Constitución es nada y paga el precio que exigen quienes propician la pervivencia en el poder no ya del actual Gobierno sino de su Presidente.
Todo con la activa complacencia de un Tribunal Constitucional que no sólo se ha erigido en lo que no es – un Tribunal de casación – , sino que, a partir de las indignas Sentencias sobre los ERES y la Ley de Amnistía, ha abierto de forma manifiesta un proceso constituyente, que vulnera todos y cada uno de los requisitos exigidos por la Constitución para su reforma.
El proceso constituyente abierto por el Tribunal Constitucional ofrece al Gobierno la posibilidad de establecer un régimen fiscal para Cataluña. Y no duden que es lo que se va a hacer… La infrafinanciación valenciana puede esperar y los afectados de la DANA o los enfermos de ELA también. Hay que atender al prófugo. A partir del próximo lunes,14 de julio, se va a reunir la Comisión Mixta Estado- Generalitat para formalizar el modelo de financiación para Cataluña. Eso será, lamentablemente, lo que confirmará la ruptura del Estado de Derecho, la fragmentación de la unidad de España y la quiebra del principio de igualdad de los españoles en todo el territorio nacional. Un 14 de julio, en 1879, unos tomaron la Bastilla. Un 14 de julio, en 2025 , otros van a tomar …otras cosas.
Estamos en un inconstitucional proceso constituyente y uno recuerda los años en que se gestó la vigente Constitución y los orígenes del Tribunal Constitucional. Presidía el Gobierno Adolfo Suárez y se formó el Tribunal Constitucional con juristas de primer orden. De los de verdad, no de las comparsas que hoy lo integran. El Gobierno encargó a Rafael Calvo Ortega, a la sazón Ministro de Trabajo, que pulsara la posibilidad de que Fernando Sáinz de Bujanda, un maestro del Derecho se incorporara a ese primer Tribunal Constitucional. Don Fernando, con su cortesía habitual, no aceptó. Y motivó el por qué: tal como está articulado el régimen jurídico de las Comunidades Autónomas el futuro abrirá una brecha constitucional. Ya hemos llegado a ese futuro al que se refería Don Fernando. El problema es que ni el Tribunal Constitucional hoy es lo que fue aquel primer Tribunal; ni Pedro Sánchez es Adolfo Suárez; ni – vamos a hacer amigos – la sociedad española hoy es la que despertó, tras una larga y dura Dictadura , ilusionada y esperanzada en vivir bajo el imperio del Derecho.
Ya estamos viendo a diario el nivel en que estamos. Y el nivel al que vamos a llegar. Mi recuerdo no se agota en Don Fernando. Fueron más, y no me lo han contado, quienes renunciaron a ser Magistrados del Constitucional. Algo impensable hoy.
Recuerdo también lo del mérito y la capacidad como únicos requisitos válidos exigidos por la Constitución para el acceso a la función pública. Me duele en el alma la posición en que, si prospera el engendro Bolaños, van a quedar quienes llevan años preparando oposiciones para ser Juez o Fiscal. Han renunciado a vivir los mejores años de su vida y pueden verse sacrificados por una Ley que sólo tendrá el apoyo de esos charlatanes de feria que venían a la vida pública para enseñarnos lo que es la dignidad, la justicia , la moralidad… Luego vino lo que vino : las mordidas, la corrupción, el do ut des, el poner precio a la función pública… Y el referéndum de autodeterminación está ahí.
Lo dijo Montesquieu “Todo estaría perdido si el mismo hombre ejerciese esos tres poderes: el de hacer las Leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos”.
Pues eso.
Juan Martín Queralt.
Abogado.
