La Cláusula rebus: Conservación de los contratos, de las empresas y de los empleos

Como sabemos, la cláusula rebus no viene contemplada en nuestro decimonónico Código Civil, una señal más de su obsolescencia y de la necesidad, tras 130 años de vigencia, de abordar por fin su conveniente y oportuna reforma integral. Esta ausencia de regulación comportó que fuese, desde su inicio, la doctrina jurisprudencial la encargada de su correspondiente configuración y presupuestos de aplicación.

Afortunadamente, en la línea de lo ya señalado, con las SSTS 333/2014 de 30 de junio; 591/2014, de 15 de octubre y 64/2015, de 24 de febrero; en las que tuve el honor de ser ponente, se dio un decidido paso hacia una nueva doctrina jurisprudencial, que introdujo un claro y significativo cambio en el planteamiento tradicional de la figura, que hasta esas fechas se seguía manteniendo por la jurisprudencia.

En este contexto, con remisión al contenido doctrinal de las citadas sentencias, se puede afirmar que contamos con una nueva doctrina jurisprudencial que contempla, en toda su extensión (concepto, fundamento y concreción técnica), una visión moderna de la aplicación de esta figura tan emblemática para el Derecho. Y que, en síntesis, tiende a su aplicación plenamente normalizada, no restrictiva o excepcional como antes, pues lo que realmente resulta extraordinario o excepcional no es su correspondiente aplicación, completamente concordante con la dinámica del Derecho que se ha indicado, sino las circunstancias que provocan su aplicación. Por lo que no cabe la confusión de estos distintos planos, de forma que su aplicación debe ser objeto de una interpretación normalizada e, inclusive, de una interpretación extensiva en los casos en que resulte justificada.

En definitiva, para que la cláusula rebus pueda cumplir con su finalidad y función, se requiere su aplicación normalizada en el Derecho de la contratación. Con un símil, se puede afirmar que la cláusula rebus, como toda vacuna contra un virus que también provoca una crisis económica, comporta que su suministro alcance a la totalidad de los afectados. En otros términos, que no se pongan cortapisas u obstáculos injustificados que mire, en suma por el mantenimiento de los contratos (adaptados a las nuevas circunstancias), de las empresas y de los empleos.

Fco. Javier Orduña Moreno.
Exmagistrado del Tribunal Supremo. Sala Primera.
Catedrático de Derecho Civil Universidad deValencia