El Consejo de Ministros acuerda indemnizar a un contribuyente con 25.000 € por un impuesto municipal

El abogado y economista José García Roig, consejero of counsel del despacho Martín Queralt Abogados, ha conseguido que el Consejo de Ministros del pasado 27 de octubre reconozca “su derecho a ser indemnizado con la cantidad de 25.435,33 €, más los intereses procedentes” después de 6 años de recursos ante la Justicia. Esta cantidad corresponde al importe del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU), conocido popularmente como “la plusvalía” que el Ayuntamiento de Benidorm le giró a él mismo en 2014.

El abogado y demandante José García Roig recurrió ante el Ayuntamiento de Benidorm el giro de este impuesto en mayo de 2014, basándose en que se vendió el bien inmobiliario sin ganancia alguna. Esta solicitud fue denegada y fue recurrida al juzgado. El Tribunal Contencioso Administrativo nº4 de Alicante desestimó la reclamación, a pesar de haberse probado la pérdida y alegado la vulneración de varios principios constitucionales de la norma tributaria. Y además, con condena expresa en costas al demandante de más de 4.000 €.

En la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 17 de mayo, se declararon inconstitucionales algunos artículos (107.1, 107.2 a y 110.4) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Fue una actuación judicial que respondía a un hecho habitual desde las crisis de 2007: la venta sin ganancia o con pérdidas de los inmuebles, por el desplome que sufrió el mercado. Basándose en esa sentencia, se volvió a reclamar a la Administración la responsabilidad patrimonial y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Alicante: en sentencia nº 466/2018 de 20 de noviembre, estableció que el Ayuntamiento debía dar trámite a la posibilidad de responsabilidad patrimonial.

Tras varias reclamaciones y recursos administrativos, y dos años después de aquella sentencia, José García Roig ha conseguido en reposición, después de la primera desestimación del Consejo de Ministros el 10 de julio de 2020 y tras más de seis años de batalla legal, que estime el mismo Consejo de Ministros la responsabilidad del Estado y que se reconozca la indemnización al contribuyente por el pago de un impuesto que gravaba un incremento de valor inexistente en la venta de un inmueble.